A pesar de que la Constitución vigente de 1978 dedicó por vez primera un artículo específico a las personas con discapacidad, el CERMI considera insuficiente la protección que la Carta Magna dispensa a las personas con discapacidad, un grupo ciudadano que todavía presenta una exclusión estructural y graves problemas para el acceso a derechos y bienes sociales básicos.

 

Como propuestas de cambio, el CERMI propone consagrar una terminología apropiada para referirse a las personas con discapacidad, con arreglo a la Convención Internacional sobre los derechos de estas personas de Naciones Unidas, desterrando expresiones como “disminuidos”, que aún emplea la Constitución, y en el que esta parte de la población no se siente identificada.

 

Además, la plataforma de la discapacidad propugna la modificación del artículo 14, que proclama la igualdad de los españoles ante la Ley, para que entre las circunstancias de especial protección contra la discriminación se incluya expresamente la discapacidad, que en el texto vigente no aparece citada.

 

Por potra parte, reclama también que los derechos sociales a la inclusión y al bienestar aparezcan incorporados entre los derechos fundamentales, con la máxima protección jurídica, y no queden como ahora en meros principios informadores de la política social y económica.

 

Por otra parte, la discapacidad organizada propone otros cambios como la desaparición de la asistencia social como atribución pública ya que es una forma incompleta, insuficiente y anticuada de abordar las cuestiones sociales, y menos aún que estas sean atribución exclusiva de las Comunidades Autónomas.

 

La garantía del cumplimiento efectivo de los derechos sociales, el nuevo paradigma, debe ser competencia del Estado, que ha de ver reforzado considerablemente sus atribuciones para asegurar la equidad y la igualdad de trato por razón de ciudadanía, con independencia de la contingencia de los territorios.